Prisión preventiva oficiosa en Delitos Fiscales es Inconstitucional.

Por mayoría calificada de 8 votos a favor, se considera inconstitucional la prisión preventiva oficiosa en delitos fiscales.

En sesión del 15 de octubre de 2021, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reviso el Decreto publicado en Diario Oficial de la Federación en fecha 8 de noviembre de 2019, por medio del cual se reforman, adicionan y derogan las siguientes disposiciones:

En ese sentido, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) señala que, si bien el Congreso pretende combatir ilícitos fiscales que afectan la recaudación tributaria, considera que las modificaciones transgreden Derechos Humanos, en particular los artículos 167 párrafo séptimo, fracciones I, II y III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, artículo 5, fracción XIII, de la Ley de Seguridad Nacional y artículo 113 Bis del Código Fiscal de la Federación.

En razón de lo anterior, la CNDH interpuso acción de inconstitucionalidad mediante la cual, se demanda la invalidez de lo siguientes preceptos legales:

Los argumentos de la CNDH son medularmente los siguientes.

En primer lugar, si bien el artículo 167 del CNPP en relación con el artículo 5 de la LSN califican como amenazas a la Seguridad de la Nación los delitos de:

Y posibilitan la procedencia de la prisión preventiva oficiosa, la CNDH considera, que los delitos tributarios no encuadran en algún supuesto Constitucional previsto en el Artículo 19; es decir, el legislador tuvo la intensión de encubrir dichos delitos con el carácter de amenazas a la Seguridad Nacional con la única finalidad de que resultara procedente la medida cautelar de oficio.

Por lo anterior la CNDH, considera que se debe sentar precedente sobre los límites del legislador para efectos de legislar los supuestos que atentan contra la Seguridad Nacional.

Esto es así, toda vez que, el referido Artículo 167 del CNPP en relación con el 5 de la LSN transgreden los derechos humanos de:

En segundo lugar, la CNDH argumenta que, si bien el Artículo 113 Bis del CFF típica las conductas de:

Comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, dichas conductas, no afectan ni lesionan el bien jurídico tutelado ya que la descripción típica del delito no señala:

Consistente en causar perjuicio a la hacienda pública o el hecho de que se omita el pago de alguna contribución, es decir, dichas conductas, per se, no generan un daño a la hacienda ya que para ello debe existir la intención de evadir obligaciones contributivas con dichos comprobantes.

En ese orden sentido, la CNDH considera que el referido Artículo 113 Bis del CFF vulnera:

CONCLUSIÓN.

En conclusión, la CNDH para efectos de invalidar los preceptos citados, básicamente argumenta, primero, que no cualquier fenómeno puede ser considerado una amenaza a la Seguridad Nacional; es decir, no se pude dar un margen tan amplio ya que con ello podría desnaturalizarse aquello que de manera sustancial o material constituye realmente una amenaza a la Seguridad de la Nación, aunado a que la procedencia de la medida cautelar oficiosa, es excepcional ya que se debe garantizar la comparecencia del imputado, el desarrollo de la investigación y la protección de la víctima, testigos o la sociedad y, segundo, el Artículo 113 Bis del CFF, vulnera el Derecho a la Seguridad Jurídica, los principios de Presunción de Inocencia, Legalidad, Mínima Intervención en materia penal y proporcionalidad de las penas.

Esto es así, ya que las conductas descritas, per se, no afectan el bien jurídico tutelado, ya que la descripción típica del delito no señala ni la intensión dolosa ni el resultado material consistente en causar perjuicio a la hacienda o el hecho de que omita el pago de alguna contribución por el uso de dichos comprobantes para efectos fiscales, además de que se sanciona con penas desproporcionadas y excesivas.

Si bien esto podrá sentar precedente ya que existe mayoría de votos se deja a salvo la capacidad de los jueces para decidir los casos en los que aplica la prisión preventiva oficiosa.

Habrá que esperar la publicación correspondiente para conocer a detalle el criterio de la Corte para invalidar dichas modificaciones.